La situación originada por el COVID-19 ha generado nuevos escenarios que tienen clara incidencia en el ámbito del Derecho de Familia, y que necesariamente serán analizados en los próximos meses.
Entre otras, las cuestiones a resolver por los Tribunales, son:
- las peticiones relacionadas con la compensación del tiempo que algunos progenitores no han podido disfrutar con sus hijos por la situación tan especial generada por el Estado de Alarma,
- las modificaciones de medidas, solicitando cambios en el importe de las pensiones de alimentos debido a la crisis económica generada por el Estado de Alarma (ERTES, despidos, cierre de negocios, etc).
- cuestiones internacionales, ya que el hecho de haber cerrado las fronteras en Europa, EEUU y Latinoamérica ha generado un distanciamiento obligatorio entre los padres que viven en un país y los hijos que viven en otro, que con seguridad, dará lugar a que cuando la movilidad se normalice, el progenitor que se ha visto privado de estancias con sus hijos, solicite un mayor tiempo de vacaciones estivales con ellos.
A estos nuevos procedimientos, se unirán los procedimientos que habitualmente se presentan en septiembre y octubre una vez finalizado el periodo vacacional, y el hecho de que, después de este confinamiento, muchos matrimonios y parejas querrán romper sus relaciones tras la dura y prolongada convivencia, lo que probablemente dará lugar a una presentación masiva de demandas de divorcio y separación.
Y además, a todo este aluvión de procedimientos, se ha de unir el colapso de los Tribunales causado por la paralización de los plazos durante todo este tiempo y a la suspensión de la actividad judicial.
El primer paso para intentar solucionar y agilizar esta situación se dio el pasado 28 de abril con la publicación del Real Decreto-Ley 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en el que se regula un procedimiento ex novo, especial y sumario para la resolución de las cuestiones del Derecho de Familia derivadas de la crisis sanitaria.
Este procedimiento, regulado únicamente en tres artículos, solo se aplicará durante la vigencia del Estado de Alarma y hasta tres meses después de su finalización, y se decidirán a través de él las demandas que tengan por objeto:
- Restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida.
- Revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, adoptadas de acuerdo con el art.774 LEC.
- El establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos.
Además, los procedimientos serían sumarios y las sentencias se podrían dictar in voce, con una probable escasez en su fundamentación. Es evidente que esto es más que insuficiente, y que las críticas situaciones que están padeciendo muchas familias en este país a causa del Covid no pueden ser solucionadas de esta manera tan escueta; es por ello que también se deberán tratar cuestiones tan importantes como la necesaria especialización de todos los intervinientes en los procedimientos de Derecho de Familia -que sería la solución más eficaz de este problema- y la creación de una jurisdicción propia. Así lo pide la Plataforma Familia y Derecho, en una reivindicación a la que se han unido profesionales de todos los ámbitos que intervienen en el derecho de familia.
De esta manera, además de garantizar a todos los ciudadanos una “justicia de primera” con un juez especializado en un Juzgado propio de Familia (con todas las garantías que tiene), un fiscal adscrito, y un equipo técnico realmente especializado, la justicia en Familia vería la realmente la luz y avanzaría.
En definitiva, nos encontramos en una época de incertidumbre, y nos asaltan muchas cuestiones en el ámbito del Derecho de Familia, pero todas ellas, y más, se abordarán en cursos on line especializados en la ETJ Law & Business School a partir de junio de 2020, con grandes abogados y magistrados especializados en Derecho de Familia.
